El artículo analiza la sentencia del TJUE de 24 de octubre de 2024, que determina que una persona física que celebra un contrato de préstamo hipotecario para adquirir un inmueble destinado a arrendamiento puede ser considerada 'consumidor' bajo la Directiva 93/13, siempre que actúe con un propósito ajeno a su actividad profesional, independientemente de que obtenga beneficios económicos.